DIFICULTADES PARA DESTRABAR MEGAPROYECTOS DE APP.
Majes Siguas II se convirtió en el segundo megaproyecto agrario
concesionado como Asociación Público Privada (APP) que tras la caducidad de su
contrato, tendrá que retornar al Estado.
El 1 de setiembre la concesionaria Angostura Siguas, de propiedad de la
española Cobra, anunció la resolución contractual luego de que se
venciera el plazo para que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) subsanara una
serie de presuntos incumplimientos a los acuerdos llegados en la Adenda 13.
Anteriormente, en octubre de 2022, un tribunal internacional caducó
el contrato de concesión de Chavimochic III por incumplimientos tanto
del Gobierno Regional de La Libertad como del Consorcio Chavimochic S.A. integrado
por OEC (ex Odebrecht) y Aenza (ex Graña y Montero).
Hoy el proyecto está a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, que decidió que concluirá la construcción de la presa Palo Redondo a través
de un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G), mientras que las obras del
canal madre serán concesionadas a través de una APP por el Gobierno Regional
de La Libertad. La inversión comprometida en infraestructura sin ejecutar
de ambos proyectos, que están paralizados desde 2017 y 2016 respectivamente,
asciende a aproximadamente US$950 millones.
Aunado a lo mencionado en los párrafos que anteceden, están los
más de 190 mil empleos potenciales que podrían generar, además de la
producción agraria para consumo interno y exportación. A pesar de estos
beneficios para la economía, las APP parecen no haber sido solución para
sacar adelante megaproyectos agrarios. Ronald Fernández Dávila, socio del
estudio PPU señala que un problema en estos casos es la estructuración de los
proyectos que se hicieron sin tener claro que el Estado estaba en la
capacidad de cumplir con las funciones que establecía. Hoy se está tomando más
en cuenta ese punto en los proyectos de Proinversión. Lo cierto es que el
Estado no tiene capacidad para resolver los conflictos, de poder aceptar que
incumplió el contrato ni para poder negociar acuerdos.
A la mala estructuración se suma la falta de fortaleza
institucional de los Gobiernos Regionales para poder destrabar
proyectos. Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, indica que los concedentes,
en este caso los Gobiernos Regionales de Arequipa y La Libertad, no
tenían ni la capacidad ni experiencia para resolver estas situaciones.
Según Cornejo Pacheco, Cobra solicitó que se realice un inventario y una
auditoría que determine el avance exacto de las obras de Majes Siguas II. En
base a los resultados de la misma, la empresa determinaría cuáles serían sus
reclamos en un futuro arbitraje. No se trata de señalarlos como ineficientes,
sino que no tenían las capacidades ni el expertis para sacarlos adelante.
El destrabe de Chavimochic III, aunque lento, tiene una hoja de ruta
definida. El Midagri lanzará un concurso internacional para que se culmine la
construcción de la presa Palo Redondo. A pesar de esto, el cronograma original
de la cartera avizoraba que se firmara el contrato en abril del 2024, es decir,
cada vez los plazos son más ajustados.
La semana pasada, Jennifer Contreras asumió como ministra del sector en reemplazo de Nelly Paredes. Por otro lado, el panorama de Majes Siguas II es más difuso. En estos meses el concesionario deberá coordinar el proceso para la devolución del proyecto. Una vez la entidad lo tenga en su poder, su Consejo Regional decidirá lo que se realizará a futuro.
La decisión de que retorne al Gobierno Central todavía no está tomada. Fernando
Cornejo Pacheco, consejero regional de Arequipa, indicó que sería importante
escuchar lo que la Autoridad Nacional de Infraestructura tenga que decir, ver
cómo lo plantearía el Gobierno Central para ver cuál sería la mejor decisión.
Finalmente, es importante señalar que las obras se paralizan por una
presunta negligencia del Gobierno Regional de La Libertad con la entrega de
terrenos para la continuidad de los trabajos. Las obras no comienzan porque
el Gobierno Regional de Arequipa y el consorcio señalan que ambos incumplieron
con sus obligaciones contractuales firmadas en la adenda.
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