Empresas podrían tener mayor predictibilidad sobre zonas del país en las que pueden realizar sus actividades económicas.

En el Congreso de la República, se viene evaluando un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, respecto a la creación de un sistema de ordenamiento territorial. Actualmente existen territorios en el país cuyos derechos de uso están superpuestos. Por ejemplo, se calculan alrededor de 20,146 km2 de áreas naturales protegidas, sobre las cuales se superponen concesiones mineras y lotes de hidrocarburos, según la exposición de motivos del proyecto de ley.

Tal situación viene generando un conflicto entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. “Si la rectoría de la herramienta territorial está a cargo de uno de los involucrados, difícilmente el otro va a estar dispuesto a ceder su posición”, ­ explica Javier La Rosa, experto en resolución de conflictos sociales de la PUCP.

En virtud a ello, el proyecto del Ejecutivo plantea crear un sistema nacional de ordenamiento territorial que esté a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para evitar conflictos entre las diferentes ­ entidades del Estado, o entre aquellas cuyas competencias se superpongan. “La última palabra la va a tener la PCM y ya no va a dar pie a que algún sector se aparte de lo que ya se aprobó. Los agentes quieren saber a qué atenerse. Esta norma [va a ayudar a determinar] qué concesiones podrían tener ­ continuidad y cuáles no”, añade La Rosa.

De esta forma, las entidades ­ involucradas, sean ministerios, gobiernos ­ regionales o locales, ya no decidirán por sí ­ mismas el uso que se le dará a una parte del territorio, sino que deberán seguir la ­ pauta y la rectoría de la PCM. “La idea es que los gobiernos regionales no se manden por la libre, como era en su momento”, sostiene Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM. Evitar que se sigan superponiendo los derechos de uso sobre el territorio, como plantea el proyecto, contribuiría además a la prevención de los conflictos sociales. “La conflictividad ocurre porque no hay articulación”, advierte Jorge Danos, socio del Estudio Echecopar.

El proyecto también plantea que se alcancen acuerdos sociales sobre determinados usos en territorios ­ específicos. “Sí va a contribuir a un clima más predecible para las inversiones y no solo parapetarse en el título minero, que es un derecho, pero que no define el acuerdo social”, añade Molina. El impacto final del proyecto de ley, sin embargo, dependerá de las normas que complementen su aplicación ­ práctica. Porque, si bien la iniciativa crea un sistema de ordenamiento territorial, esta no regula sus instrumentos. “Se hubiera esperado un conjunto de instrumentos decisorios al sistema para que este se vaya ordenando”, observa Iván Lanegra, ­ exviceministro de Interculturalidad. Entre esos instrumentos pendientes están las herramientas de planificación del territorio; es decir, las que definen en qué áreas pueden o no realizarse ciertas actividades económicas. ­

La iniciativa del Ejecutivo ha sido enviada a las ­ comisiones de Descentralización y Economía del Congreso para su análisis, antes de elevarse al Pleno. Sus miembros ­ todavía estarían estudiando el ­ documento. “Por lo general, todo lo que llega del Ejecutivo se ve inmediatamente. Pero aún no podemos emitir una opinión”, afirma la congresista Auristela Obando, vicepresidenta de la comisión de ­ Descentralización.

Fuente: Revista Semana Económica