Derogan ley que regula obras por administración directa

 

El Congreso de la República publicó ayer la derogatoria de la Ley 31876, norma que regula el proceso de ­ ejecución de obras por ­ administración directa a nivel ­ nacional, después de aprobarla en amplia mayoría el pasado 5 de octubre. 

La referida ley fue ­ propuesta por la Contraloría el pasado 1 de diciembre del 2021 con el objetivo de ­ mejorar la calidad, costo y plazos de las obras ejecutadas por esta modalidad. Establecía un tope de 50 UIT (equivalente a S/247,500) al monto de las obras que se ­ puedan ejecutar mediante ­ administración directa. T

ambién prohibía la adquisición de ­ maquinaria y equipos con cargo al presupuesto de la obra. Para obras pequeñas David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y ­ presidente del Consejo Peruano de la Competitividad (CPC), ­ explicó a Gestión que la ­ modalidad de ejecución de ­ administración directa está ­ pensada para obras pequeñas, pero en la práctica la mayoría de las obras son ejecutadas por esta vía. “En promedio, estas obras terminan durando más del triple del tiempo ­ originalmente señalado. Además, presentan sobrecostos de CIFRAS ¥ DATOS en la Ejecución de obras. 

De acuerdo con la Contraloría, entre 2018 al 2021 se ­ ejecutaron 58,212 proyectos de inversiones, el 42% de los cuales corresponden a inversiones ejecutadas por administración directa, recursos propios. La ejecución de obra pública por administración directa consiste en el desarrollo de inversiones con ­ componente de infraestructura a cargo de una entidad pública, utilizando sus propios recursos, explica la Contraloría. más del 50% del costo ­ inicialmente planteado”, señala Tuesta. 

La Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) fue la principal ­ opositora a la norma regulatoria que finalmente fue derogada. En conjunto con la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y la Red de ­ Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) ­ exigieron al Congreso ­retroceder en la promulgación por considerarla “anti descentralizadora”. 

La congreista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, fue quien presentó el Proyecto de Ley 31897, que plantea la ­ derogatoria de la Ley 31876. “La Ley 31876 no ha sido socializada de manera ­ oportuna con los gobiernos subna- cionales, en tanto que sus efectos jurídicos estarían ­ generando un impacto negativo en el desarrollo del país, ­ sobre todo causando perjuicio en las localidades de ­ jurisdicción distrital provincial o ­ regional, más alejadas o en ­ zonas de frontera poco ­ comunicadas”, señaló. 

Fue aprobada con 106 ­ votos a favor y 7 abstenciones. “El Congreso ha retrocedido en esta norma como parte de una acción populista hacia los gobiernos subnacionales. En este tipo de obras es donde se concentra la mayor parte de casos de corrupción”, ­ señala Tuesta.