Estado cobra S/ 22 millones por cuarta cuota de reparación civil.

 Estado cobra S/ 22 millones por cuarta cuota de reparación civil.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) dispuso que se ejecute el cobro de S/ 22 millones por concepto de la cuarta cuota de reparación civil de la empresa Odebrecht a favor del Estado peruano.

Dicho pago ha sido efectuado con fondos del Fideicomiso de Retención y Reparación - FIRR, constituido en el marco de la Ley N°30737, conforme al cronograma de cuotas anuales establecido en el Acuerdo de Beneficios y de Colaboración Eficaz, suscrito por la referida empresa con el Equipo Especial del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, y aprobado por sentencia judicial.

La cuarta cuota por S/ 22 millones se suma a los S/ 189 millones ya cobrados hasta el año 2021 de la empresa Odebrecht, con lo cual el monto total que el Estado peruano ha recibido asciende a la suma de S/ 211 millones por concepto de reparación civil.

El referido Acuerdo de Colaboración Eficaz estableció que Odebrecht debe reparar al Estado peruano S/ 760 millones (S/ 610 millones más S/150 millones de intereses legales, aproximadamente) por cuatro proyectos donde dicha empresa reconoció haber efectuado pagos ilícitos.

Estos son: Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3; Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 1 y 2; Vía de Evitamiento del Cusco y Vía Costa Verde, Tramo Callao.


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Odebrecht fue la empresa más investigada por la operación anticorrupción Lava Jato que llevó a la cárcel a decenas de miembros de la élite política y empresarial de Brasil, entre ellos Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora fundada en 1944 en el estado nordestino de Bahía por su abuelo Norberto Odebrecht. (Foto: EFE)
Odebrecht fue la empresa más investigada por la operación anticorrupción Lava Jato que llevó a la cárcel a decenas de miembros de la élite política y empresarial de Brasil, entre ellos Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora fundada en 1944 en el estado nordestino de Bahía por su abuelo Norberto Odebrecht. (Foto: EFE)

La gigante brasileña de la construcción , involucrada en escándalos de corrupción en varios países de la región en los últimos años, anunció que a partir de ahora tiene un nuevo nombre, Novonor.

“No estamos borrando el pasado. El pasado no se borra”, afirmó Maurício Odebrecht, representante del accionista mayoritario, citado en una nota del grupo con su nuevo logo donde predomina el azul, en lugar del rojo de Odebrecht.

“Después de todos los cambios que hemos promovido y de la corrección de rumbos, miramos ahora hacia lo que queremos ser: una empresa inspirada en el futuro. Ese es nuestro nuevo norte”, agregó.

Odebrecht fue la empresa más investigada por la operación anticorrupción que llevó a la cárcel a decenas de miembros de la élite política y empresarial de Brasil, entre ellos Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora fundada en 1944 en el estado nordestino de Bahía por su abuelo Norberto Odebrecht.

Hace cinco años, cuando fue alcanzada por las denuncias de Lava Jato, tenía una plantilla mundial de 180,000 empleados.

Ahora, en pleno proceso de recuperación judicial, Novonor “nace como un holding de un grupo empresarial con 25,000 empleados y seis empresas” que actúan en las áreas de ingeniería y construcción, movilidad urbana y carreteras, petróleo y gas, mercado inmobiliario, petroquímica e industria naval, señala el comunicado.

La operación Lava Jato desveló a partir del 2014 una gigantesca red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la petrolera estatal brasileña Petrobras.

El caso provocó crisis políticas en varios países. En Perú, tres expresidentes están bajo investigación y otro, Alan García, se suicidó en el 2019 cuando le iban a detener como presunto beneficiario de esos sobornos.

Odebrecht fue condenada a pagar diversas multas, incluyendo una de US$ 2,600 millones a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

Marcelo Odebrecht fue detenido en junio del 2015 y condenado a más de 19 años de cárcel. La sentencia fue reducida a 10 años tras colaborar con la Justicia y desde diciembre del 2017 cumple prisión domiciliaria.


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