Agua potable llegará a hogares de más de 3 millones de peruanos.
Agua potable llegará a hogares de más de 3 millones de peruanos.
-La Ley de Acceso Universal al Agua Potable, que fue aprobada el miércoles 29 de mayo, por el pleno del Congreso de la República, permitirá instalar soluciones inmediatas para que aproximadamente 3 millones 140,000 peruanos puedan tener agua potable en sus hogares en los próximos cuatro años. Según la titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar, esta normativa, impulsada en su gestión, permitirá que los peruanos, que hoy no tienen acceso al agua potable puedan contar con este servicio básico en estos cuatro años y de forma gradual.
-La ministra explicó que se aplicarán soluciones alternativas e inmediatas que permi- tirán abastecerlos mediante tanques comunales, cisternas, plantas potabilizadora portátiles, pilones, filtros intradomiciliarios, entre otros métodos no convencionales: “Esto no es una solución definitiva porque en muchos casos ya están los proyectos de construcción de las obras definitivas. La intención del Gobierno fue encontrar una solución para que las personas que hoy esperan el servicio universal, es decir, tener agua en sus hogares, no deban esperar 10, 15 y hasta 30 años en algunos casos”, enfatizó.
¿Qué plantea la nueva ley para solucionar ello?
–Lo que propone esta ley es abastecer de agua potable a estos 3.14 millones de peruanos y peruanas por medio de soluciones no convencionales, mientras que la obra definitiva llegue. Entonces, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como en los gobiernos locales y las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), se continuará trabajando en la solución definitiva.
Con la nueva ley hay preocupación por el hoy, porque hay familias y lugares donde llevan esperando el servicio de agua potable por más de 20 años, y lo que se busca es darles una solución inmediata.
¿Cómo se financiarán esas soluciones inmediatas?
–Según la titular del sector Vivienda, se estableció un mecanismo, que es muy importante y que la población debe entender.
Se ha creado un Fondo de Inversión de Agua Segura (FIAS), así como está el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para el gas y la electricidad rural.
El FIAS va a capturar fondos de diferentes fuentes para financiar las obras no convencionales. Una de las maneras para financiar el FIAS será con transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, además podemos trabajar con los gobiernos subnacionales (municipalidades y gobiernos regionales) o también recibir fondos de cooperación y donaciones, entre otros. Pero una medida muy interesante es la del subsidio cruzado.
¿Cómo funcionaría ese subsidio cruzado?
–Sería como actualmente funciona con el gas y la electrificación, es decir, los que más consumen o los que en mejor situación socioeconómica se encuentran, pagarán una recarga sobre la tarifa para subsidiar la compra de balón de gas para las familias más desprotegidas, por lo cual partiremos del mismo principio para el agua. No estamos alterando la tarifa que calcula la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), sino que le haremos un recargo de 3% para los casos domiciliarios y de 4% para los no domiciliarios, lo cual equivale más o menos un sol con 50 céntimos (1.50 soles), es decir, el costo de una botella de agua. Por tanto, se ha hecho una segmentación de los no pobres, los vulnerables, los pobres y los pobres extremos, y en función de esas categorías probablemente los pobres extremos sigan recibiendo agua gratuita o una tarifa social muy pequeñita, eso lo vamos a terminar de afinar en el reglamento. Lo cierto es que hoy aquellas familias que se abastecen con camión cisterna y no están dentro del programa de agua gratuita pagan entre 80 y 100 soles al mes, pero con estas fórmulas (promovidas por la Ley de Acceso Universal al Agua Potable) pagarán entre 10 y 20 soles. Entonces hay un ahorro sustancial para la economía familiar y sobre todo para las familias más vulnerables.
Agua de mejor calidad
–Agua segura y ahorro seguro, no solo por el pago del agua, sino también en medicamentos, porque nuestros hijos y familias se van a enfermar menos. Entonces, no solamente estamos atacando el tema de acceso al agua, sino también un problema estructural como es la anemia y otras enfermedades derivadas por la falta de agua, como la parasitosis, la anemia, tifoidea y otras más.
La ministra reiteró que no se privatizará el servicio, pues no hay en ninguna parte del Decreto Legislativo 1620, ni en la Ley de Acceso Universal al Agua Potable la opción de la privatización.
“No vamos a privatizar las EPS. Se ha armado un debate sobre ese tema, liderado por grupos políticos que utilizan esa narrativa para azuzar, pero no hay ninguna intención de privatizar”.
“La única intención es que las EPS trabajen bien. El hecho de que sea una empresa pública no significa que nos tienen que dar un servicio de mala calidad, estamos buscando empresas públicas que nos den un buen servicio y para ello se ha planteado en el Decreto Legislativo 1620 una serie de reformas que están vinculadas a la meritocracia y el uso eficiente de los recursos”, agregó.
-Refirió que cuando llegó al Gobierno se detectó que la brecha era de 3.5 millones de peruanos que no tenían acceso al agua y 7.2 millones al saneamiento: “Tomamos la decisión de fortalecer el sistema, sobre todo las EPS, para lo cual sacamos el Decreto Legislativo 1620. Lo que nos hemos propuesto es cerrar en un tercio la brecha de agua y saneamiento hasta el final del gobierno”, dijo.
- Desde el Pleno del Congreso se aprobó con 91 votos a favor, 15 en contra y 7 abstenciones, el dictamen del Proyectos de Ley 5636, que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable, prioritariamente para la población que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad.
- El texto aprobado contiene nueve artículos y siete disposiciones complementarias finales, en el cual se establecen las intervenciones a realizar para el acceso universal al agua potable, la calidad, el reconocimiento de la organización de beneficiarios, y la intervención en el ámbito urbano y rural, entre otras disposiciones.
- Alejandro Cavero Alva (Avanza País), presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, sustentó el texto asegurando que la propuesta busca hacer realidad el derecho al acceso al agua potable, a través de acciones que permitan que 3.5 millones de peruanos puedan tener este servicio en condiciones que aseguren su vida y salud.
- “Proponemos mecanismos para acelerar el cierre de esta brecha social a través del impulso de intervenciones no convencionales. Con esta ley estamos asegurando que el 100 % de los peruanos accedan a agua potable en sólo en cuatro años y no en diez años como actualmente sería si solo continuamos realizando intervenciones convencionales”, refirió.
- El legislador detalló también las fuentes de financiamiento, pues estas tecnologías no convencionales serían subsidiadas a través del Fondo de Inversión Agua Segura, financiándose con transferencias del Ministerio de Vivienda, recursos por créditos, donaciones o transferencias y con un recargo mensual en la facturación a usuarios de clase “no residencial” de hasta el 4 % y con un recargo mensual a la facturación a la clase “residencial” de hasta un 3%, acotó Cavero Alva.
- Durante el debate diversos legisladores coincidieron en respaldar la propuesta, este fue el caso del parlamentario Eduardo Castillo Rivas (FP), quien sostuvo que el agua potable representa un anhelo de las poblaciones más vulnerables del país.
- En tanto, Eduardo Salhuana Cavides (APP), refirió que esta es una oportunidad para que todas las bancadas parlamentarias se unan a fin de atender un tema importante que se requiere a nivel nacional.
“Se está planteando una propuesta realista que va a ayudar a millones de peruanos para que puedan acceder al agua potable. Gran parte de la los problemas de salud que tenemos en el país es precisamente por agua potable”.
-En una segunda consulta el dictamen fue exonerado de segunda votación con 87 votos a favor por el Pleno del Congreso.
-Previo al voto se rechazó con 64 votos en contra, una cuestión previa planteada por la congresista María Agüero Gutiérrez (PL), a fin de que el proyecto retorne a la Comisión de Vivienda y Construcción para un mayor estudio.
-Finalmente se presentó una reconsideración a la votación del dictamen la cual fue rechazada con 16 votos a favor y 79 votos en contra.
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